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La Justicia golpea a ETA

  AUNQUE aún no se ha hecho pública la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la situación penitenciaria de Henri Parot, este sanguinario terrorista ya sabe que seguirá en prisión hasta 2020. Esta decisión del Alto Tribunal ha abierto una nueva interpretación del sistema de redención de penas establecido por el Código Penal de 1973. Por un lado, mantiene su criterio de acumular todas las condenas impuestas a un delincuente cuando los delitos cometidos hubieran podido ser juzgados en un único proceso. Pero, por otro lado, establece novedosamente que las redenciones previstas por aquel Código Penal se aplican sobre cada una de las condenas y no sobre el límite máximo de 30 años. De esta forma, Parot va a cumplir íntegramente el tiempo máximo de permanencia en prisión, que es, en cuanto al resultado, lo que se estableció en la reforma del Código Penal aprobada en 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar. No era esto lo que quería el terrorista, aunque formalmente el Tribunal Supremo ha revocado el auto de la Audiencia Nacional que acumuló sus condenas en dos tramos temporales. Pero tampoco era lo que planteó el fiscal general del Estado, que respaldó el informe a favor del recurso de Parot sin ofrecer alternativas o modificaciones a la jurisprudencia del Supremo, como habría correspondido a una institución que debe velar por el interés general y la satisfacción de la Justicia.

Conde-Pumpido no puede atribuirse ningún mérito en la prolongación del encarcelamiento de Parot. Por el contrario, es una desacreditación más de su gestión. Si de él hubiera dependido, este asesino en serie habría salido en 2009. Pero se ha vuelto a equivocar. Y van tres. No actuó contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y la Audiencia Nacional procesó luego a varios de sus dirigentes por integración en banda armada. No pidió, a iniciativa propia, la prohibición del congreso de Batasuna en Baracaldo, y fue otra vez Grande-Marlaska el que subsanó su desidia. Y ahora, el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo le ha demostrado que la jurisprudencia no está escrita en piedra sagrada, que es modificable y que para cambiarla hace falta voluntad de hacerlo y determinación para encontrar en la ley los argumentos necesarios. Pero esta actitud requiere que el fiscal general esté únicamente al servicio del interés social y del principio de legalidad.

Nuevamente ha quedado claro que, en un Estado de Derecho la independencia judicial no es un etiqueta formal, sino un principio operativo de los tribunales frente a estrategias políticas o presiones externas. En pleno debate sobre el futuro de los presos etarras en un proceso negociador, los jueces han aplicado la ley penal en un sentido perfectamente constitucional, porque a Parot no se le ha ampliado la duración de las condenas firmes que le fueron impuestas, sino que se ha decidido cómo ejecutarlas. Es un serio aviso para el Gobierno, al que no se le ha escuchado en estos meses un respaldo firme y claro a las acciones judiciales contra el entramado batasuno. Cabe confiar en que ahora considere como una buena noticia que Parot, el matarife etarra, permanezca en prisión hasta 2020, aunque sea un lastre en el diseño del «proceso de paz». Y cabe esperar que el fiscal general del Estado, tan celoso con la protección de la doctrina del Supremo, aplique esta nueva pauta establecida por su Sala Segunda para asegurar que los etarras que pidan su excarcelación anticipada cumplan íntegramente la pena máxima de 30 años. ETA sí entiende perfectamente este mensaje de firmeza. Un terrorista sabe enseguida cuándo tiene perdida toda esperanza, y éste es el verdadero principio del fin de una organización terrorista. Los jueces, de nuevo, están marcando los límites del Estado, están señalando las materias innegociables y los principios que no admiten transacción. La Justicia es el primero de todos ellos. Si alguna vez se pensó en una paz por presos, queda claro que esta fórmula podrá plantearse con decisiones políticas -indultos- o legislativas -reformas del Código Penal-, pero no con la legislación vigente. Si el Gobierno está dispuesto a correr ese riesgo, debe decirlo y comprometerse públicamente. En otro caso, habrá de aceptar que la única paz que está en condiciones de prometer es la que venga de la derrota de ETA; y que, al final, necesariamente habrá vencedores y habrá vencidos. Afortunadamente, vencidos como Henri Parot.